Cooperación Feminista: de gestionar la desigualdad a desmontarla

Por Miriam Císcar

En el marco del 8 de marzo, hablar de cooperación feminista es una declaración política de primer orden para avanzar en igualdad de derechos y democracia. 

Para la cooperación española, asumir el feminismo como eje vertebrador de su acción exterior significa dar un paso valiente: nombrar las cosas por su nombre y reconocer que no puede haber desarrollo sostenible ni democracia plena sin igualdad real entre mujeres y hombres.

España decidió en 2021 situarse a la vanguardia internacional al adoptar una Política Exterior Feminista. Este posicionamiento está respaldado por un sólido marco normativo; la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global de, apoyada por una amplísima mayoría del arco parlamentario y que define a la Cooperación Española como una Cooperación Feminista; así como el Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027. Ahora, la recién aprobada Estrategia de Cooperación feminista marca al fin una hoja de ruta clara para su avance.

Pero ¿qué significa exactamente hablar de cooperación feminista? La definición adoptada —fruto de un proceso participativo con organizaciones feministas y expertas— es clara: se trata de una cooperación que aborda las desigualdades estructurales de género con un enfoque interseccional, transformando las estructuras de poder que las perpetúan para lograr una redistribución igualitaria y sostenible.

La clave está en esa dimensión transformadora de las estructuras de poder.

Durante años, la cooperación internacional ha trabajado con un enfoque dual; por un lado, impulsando proyectos específicos para la igualdad; por otro, incorporando el enfoque de género de forma transversal, asegurando que los proyectos no reproduzcan discriminaciones ni profundicen en desigualdades. 

La cooperación feminista da un paso más: además de no perpetuar el reparto desigual del poder, queremos cambiar aquello que lo genera.

Ello implica ir a la raíz. Significa preguntarse quién toma las decisiones, quién controla los recursos, quién define las prioridades y quién queda sistemáticamente fuera. 

Supone reconocer que las desigualdades de género se entrecruzan y superponen con otras discriminaciones —por clase social, origen étnico, orientación sexual, edad o discapacidad— y que solo desde una mirada interseccional pueden abordarse de manera eficaz.

Una entrenadora de fútbol participa en un programa de la ONU para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en Marruecos, financiado por la AECID. Foto UNFPA

Además, la estrategia de Cooperación Feminista integra otros enfoques ya consolidados en la cooperación: el enfoque basado en derechos humanos, la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la sostenibilidad ambiental y la justicia climática, la construcción de paz y el respeto a la diversidad cultural. Todo ello desde una perspectiva ecofeminista, que reconoce también el liderazgo de las mujeres en la defensa del territorio y del medio ambiente, y coloca los cuidados en el centro del modelo de desarrollo.

Este cambio conceptual se asienta sobre cuatro pilares fundamentales: derechos, representación, recursos y alianzas.

El pilar de derechos implica promover la igualdad de género y la realización plena de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, con especial énfasis en la erradicación de la violencia de género y en la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos. También supone fortalecer el espacio cívico y democrático, especialmente el de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, en un contexto global donde estos espacios se ven cada vez más amenazados.

El pilar de la representación apunta a la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los ámbitos. Se trata de aumentar números, y también de fomentar liderazgos feministas, fortalecer marcos normativos y políticas públicas sensibles al género e impulsar cambios en la cultura organizacional de los propios actores de la cooperación.

La participación política de las mujeres mejora la situación de muchas y abre camino a las que vienen. Es decisivo el apoyo que facilitamos mediante redes, pues impulsa a dar el paso a muchas mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia política, también a las defensoras de los territorios, mujeres indígenas que luchan por sus tierras; las que trabajan y a las que les pertenecen.

El tercer pilar, el de los recursos, introduce un compromiso medible. La estrategia establece que al menos un 60% de las acciones de la cooperación española deberán estar enfocadas en igualdad de género, con un incremento progresivo hasta alcanzar el 85%. 

No hay transformación sin presupuesto: la coherencia se demuestra asignando recursos. La mayoría de las organizaciones feministas sobreviven con presupuestos medios anuales de unos 22,000 USD, según datos de 2023.

Desde 2018 hasta el 2024, la financiación destinada a igualdad de género por parte de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) se incrementó en más de un 120%.

El cuarto pilar, las alianzas, reconoce que la cooperación feminista no se construye en solitario. Requiere el trabajo conjunto con gobiernos centrales y autonómicos, con organismos internacionales, sector privado, universidades, centros de investigación, entidades locales, sindicatos y, de manera muy especial, con organizaciones feministas. Estas organizaciones son clave, generadoras de conocimiento y motor del cambio en los países con los que cooperamos. 

He visto asociaciones feministas que, apoyadas por la AECID, trabajan con niñas víctimas de matrimonio infantil que consiguen que salgan de las casas en las que están esclavizadas, reconozcan sus derechos y tomen la fuerza necesaria para poder hablar con sus maridos y suegras sobre retrasar la edad de embarazo o de la importancia de seguir estudiando para una mejor vida a futuro.

Nuestra cooperación impulsa programas para que mujeres con discapacidad puedan decidir sobre su sexualidad, Si quieren o no ser madres y dejar de ser infantilizadas en centros de salud y en el acceso a los servicios. También pone en valor la importancia de los cuidados, de sociedades que pongan los cuidados en el centro pero que estos no recaigan, como sucede en la actualidad, sobre los hombros de las mujeres y las niñas.  

Hablamos de derechos, hablamos de representación, de destinar recursos y de trabajar en alianza. 

Todo ello con el objetivo de redefinir las reglas del juego. 

Transformar las estructuras de poder implica revisar, con perspectiva de género, cómo se diseñan los programas, cómo se distribuyen los fondos, cómo se evalúan los resultados y quién participa en cada fase del proceso. Implica también revisar las propias instituciones, incorporar mecanismos de rendición de cuentas y asegurar la transversalización efectiva del enfoque feminista en toda la acción exterior.

Este enfoque cobra especial relevancia en el actual contexto internacional. Asistimos a un auge de movimientos que cuestionan la igualdad de género, deslegitiman el feminismo y tratan de revertir derechos ya conquistados. Frente a esta ola reaccionaria, adoptar una cooperación feminista es también una forma de liderazgo político: de intentar blindar los avances logrados y redoblar esfuerzos para que no haya retrocesos.

Hablar hoy de cooperación feminista es asumir que no basta con gestionar la desigualdad: hay que desmontarla. Y es reconocer que el feminismo es una propuesta política integral para construir sociedades más libres, más justas y, en definitiva, más democráticas.  

Miriam Císcar Blat es subdirectora de Cooperación Feminista, Desarrollo Humano, Económico y Gobernanza de la AECID.